Fuente: Cedida /Crédito de Fotografía: Cedida.

La secretaria de Estado orientó sobre la aplicación de la agravante gineco obstétrica, contemplada en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, a raíz del fallecimiento de una mujer tras dar a luz en Illapel.

Conmoción ha generado en Canela y en nuestra región el fallecimiento de Fernanda Pinto, de 32 años, ocurrido diez días después de dar a luz en el Hospital de Illapel, en un caso que se investiga como presunta negligencia médica. Frente a este hecho, se gestionó una reunión entre la familia de la víctima, el alcalde de Canela y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para orientar sobre los alcances legales y el posible uso de la agravante gineco obstétrica.

“Estamos muy agradecidas por los contactos que realizaron para que nos reuniéramos con la familia. Este es un caso que, una vez que nos enteramos, le pedimos a nuestra seremi que coordinara con la autoridad sanitaria para que hubiese la máxima celeridad posible en las investigaciones internas. La Ley Integral contra las Mujeres define por primera vez desde el año pasado la violencia gineco obstétrica”, señaló la ministra Orellana.

María Gabriela Calderón, abogada de la familia, sostuvo que “junto con agradecer la invitación, hemos podido exponer este caso y lo que han vivido las usuarias en el sistema público en relación a la violencia obstétrica a la que se han visto afectadas durante muchos años, y se puedan adoptar las medidas para que no vuelva a ocurrir nunca más”.

Según datos entregados por el Ministerio de la Mujer, a partir de 2024 un 30% de mujeres encuestadas señaló haber sufrido alguna forma de violencia obstétrica, una cifra considerada alarmante. Ante este contexto, se destacó que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres contempla dos nuevas herramientas: la agravante gineco obstétrica y la tipificación de la violencia institucional.

La denominada Ley Adriana, actualmente en tramitación en el Senado, busca establecer garantías durante el embarazo, parto, postparto y aborto, sancionando también la violencia gineco obstétrica. En paralelo, las autoridades locales reafirmaron su compromiso de acompañar a la familia y avanzar en la educación comunitaria respecto a los derechos de las mujeres sobre su maternidad.