Pérdidas de las isapres suman casi 128 mil millones de pesos al tercer trimestre
Gentileza: Cooperativa.cl / Crédito de Fotografía: Cedida.
La Superintendencia de Salud informó nuevas pérdidas para las isapres, específicamente por 53.786 millones de pesos entre julio y septiembre, por lo que acumulan mermas por 127.927 millones al tercer trimestre.
El resultado de este periodo es 10 mil millones de pesos menor que las pérdidas de la industria en el mismo tramo del año anterior, cuando se elevaron hasta 138 mil millones, publicó Pulso de La Tercera.
Las aseguradoras consiguieron 2.588.938 millones de pesos en ingresos por actividades ordinarias, y el costo de ventas llegó a 2.547.311 millones, y si bien eso implica que el gasto en el pago de prestaciones y licencias médicas fue levemente inferior a los ingresos por la cotización de sus afiliados, si a eso se le restan los 262.487 millones en gastos de administración, en el total se registran pérdidas.
No obstante, también se debe restar el pago de impuestos desde las isapres, así como sumar 32.209 millones que registraron en otros ingresos.
Cuando mantenía congelados sus planes de salud en 2021, el sector cerró el año con el peor resultado de su historia, con pérdidas por 137.113 millones, superior a las ganancias por 82.548 millones de 2020, y los 9.465 millones de 2019.
CONSALUD Y CRUZ BLANCA, LAS MÁS AFECTADAS
En el último tiempo, Consalud era la isapre que venía registrando las mayores mermas, pero al cierre de junio, Cruz Blanca empató su resultado, y eventualmente empezó a liderar las pérdidas entre las aseguradoras a fines de septiembre, que se elevaron hasta 44.873 millones ese mes.
Por ello, Consalud se ubicó en segundo lugar, con 38.544 millones menos, seguida por Banmédica, con 33.846 millones menos; Colmena, con 14.059 millones menos; y Esencial, con 1.356 millones de pérdidas.
En definitiva, sólo dos isapres anotaron ganancias al tercer trimestre: Nueva Masvida (2.823 millones de pesos) y Vida Tres (1.930 millones).
A nivel global, Consalud es la aseguradora que presenta la mayor siniestralidad, pues ha destinado el 102,5% de sus ingresos a entregar prestaciones y pagar licencias médicas. La siguen Cruz Blanca (101,2%), Banmédica (101%), Vida Tres (94%), Colmena (93,8%), Esencial (92,9%), y Nueva Masvida (91,2%).
DESPIDOS «SISTEMÁTICOS» EN CRUZ BLANCA
En concordancia con estas cifras, Cruz Blanca informó el despido de casi la totalidad de sus colaboradores en el área de ventas esta semana, y según el presidente del sindicato de la isapre, Marco Torres, «esto ha sido un proceso continuo y sistemático de despidos; desde el año 2021 a la fecha, desde que nos constituimos como sindicato, la compañía comenzó con un proceso de desvinculación».
El dirigente explicó que hasta abril del año pasado eran 2.967 funcionarios, y «hoy vamos más o menos con un despido de casi más de la mitad de los trabajadores del grupo Bupa, en particular de la isapre. Y de la fuerza de venta que manejábamos a nivel nacional de 750 vendedores, hoy quedamos más o menos 50«.
Por lo mismo, el sindicato ha solicitado reunirse con la gerencia general de Bupa para abordar esta «crisis financiera sin precedentes» que amerita los despidos, como fue calificada por la aseguradora.
Esta situación «compromete su sostenibilidad producto de diversos factores regulatorios y jurídicos externos a la responsabilidad de la compañía», dice el comunicado emitido por la compañía.
A la vez, Cruz Blanca confirmó que «prescinden de la fuerza de ventas y el proceso se ha desarrollado dentro del marco de la normativa vigente», trámites que por ende continúan habilitados en su sitio web y en sucursales.
EN BUSCA DE SOLUCIONES
El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, planteó que el ente regulador, «de común acuerdo con la Corte Suprema, tiene que definir el periodo de prescripción del dictamen, de tal manera de que el periodo de prescripción sea razonable para que, en definitiva, las devoluciones sena también razonables».
«(La Superintendencia) tiene que definir un programa de devoluciones que afecte a la caja, pero que no reviente a las isapres; concentrar en los ajustes del precio de la prima base las distorsiones que se producen por este cambio en esta tabla de riesgo, de tal manera que se le dé estabilidad a las isapres», añadió.
Además, sugirió presentar «un proyecto de ley corta distinto al del ‘Plan E’ que realmente sea una solución».
Desde el Congreso, el diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, señaló que este asunto «hay que debatirlo, sin duda, porque tenemos una crisis en el sistema de isapres, pero el costo y el impacto lo reciben tres millones de usuarios de las isapres. Ese tiene que ser el foco de la situación».
Por su parte, la diputada Marta Bravo (UDI), kinesióloga e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, enfatizó que «acá la solución es que exista un proyecto de ley que vaya en la línea de lo dicho por la Corte Suprema; es decir, eliminar la discriminación por sexo, edad y preeixtencia, todo bajo la lógica de la seguridad social».