Con el objetivo de coordinar estrategias de fortalecimiento ante situaciones que amenacen o vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), el magistrado del Juzgado de Letras y Familia de Illapel, Pablo Flores Prieto, junto a consejeras técnicas, se reunieron vía zoom con autoridades de la dirección Provincial de Educación, directores y equipos de convivencia escolar de 19 establecimientos educacionales, y encargados de Oficinas de Protección de la infancia de las comunas de Illapel y Salamanca.

Crédito de Fotografía: Cedida.

En la oportunidad, se dialogó respecto a la interacción y mayor proactividad  entre los diversos organismos de manera de ejecutar estrategias en conjunto para evitar la vulneración de derechos de NNA, así como los pasos y estrategias a seguir ante ello, abordando temas  específicos de convivencia escolar, como lo es El bullying, violencia y acoso, entre otros.

“No podemos negar que la convivencia escolar ha sido un tema en escalada en esta pandemia y, más aún, en la vuelta a la presencialidad de los estudiantes y el cuerpo docente; es por ello que es importante que hubiese un compromiso o una mayor proactividad y no dejar todo al cumplimiento meramente formal de un protocolo, considerando además la necesidad que lo organismos del Estado en materia de educación puedan también entregar herramientas a los y no solamente exigir el cumplimiento de un protocolo porque eso no es suficiente”, manifestó el magistrado Flores.

Respondiendo a las consultas y  mejorando el flujo de información y actuación de quienes son los primeros encargados de velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, tanto el juez como las consejeras técnicas, orientaron a los participantes respecto a cuándo se judicializa un proceso y de la información requerida a los establecimientos e instituciones en esos casos, considerando que para NNA se debe dar una atención prioritaria.

“Como Poder Judicial es importante interactuar con la comunidad educativa, autoridades y organismos que propenden a relevar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que permite que visualicemos los fenómenos de violencia y las respuestas apropiadas que desde la actuación judicial podemos dar, orientándolos también respecto a las vías de solución de los problemas que los aquejan”, concluyó el juez.